El 26 de junio de 2020 el Gobierno peruano dispuso mediante Decreto Supremo N° 116-2020-PCM que a partir del 1 de julio continúe la inmovilización social obligatoria de las personas mayores de 65 años de edad; es decir, encubiertamente, se nos dictó un mandato de “detención domiciliaria”, bajo el pretexto de pertenecer al denominado “grupo de riesgo de Covid 19”. Distinguirnos de los demás ciudadanos por razón de la edad, constituye claramente una violacion a diversos derechos fundamentales garantizados por la Constitución, que en forma somera analizaremos.

En primer lugar, se viola la obligación de respeto a la persona humana, pues la medida de ampliar el confinamiento contra un definido grupo etario mella la dignidad del adulto mayor, al sentir que es diferente a los otros ciudadanos; pues en lugar de considerar que llegar a esta edad nos otorga más sabiduría, nos retrotrae al comparársenos con los niños que no pueden tomar decisiones propias. Al respecto la Canciller alemana Merkel se pronunció en el sentido que: “Encerrar a nuestros mayores como estrategia de salida a la normalidad es inaceptable desde el punto devista ético y moral”.

En segundo lugar, se viola el Derecho a la Igualdad ante la Ley, pues ninguna norma legal puede discriminar a las personas, ya que mientras a los mayores de 18 años hasta los 64 años y meses de edad se les permite el libre tránsito y toma de decisiones sobre el cuidado de su salud ante el Covid 19, dictándoseles recomendaciones; a los mayores de 65 años no se nos permite dicha facultad, convirtiéndonos de facto en incapaces absolutos al privársenos de nuestro propio discernimiento.

En tercer lugar, se viola el Derecho a trabajar libremente, pues almantenérsenos enclaustrados en nuestro domicilio, se nos impide desarrollar normalmente nuestras labores cotidianas y el acceso económico, impidiéndonos llevar el sustento diario a nuestro hogar. Si bien es cierto que, existe el teletrabajo no siempre es factible realizarlo; además, el gobierno no ha tomado alguna medida de apoyo al respecto, como habilitar prestamos especiales, subvenciones u otros beneficios que puedan paliar las circunstancias de estar impedido de laborar libremente.

En cuarto lugar, quizá uno de los más importantes derechos fundamentales, se nos está restringiendo nuestra libertad ambulatoria, porque si bien se podrá alegar que está se puede restringir por ley, ella no puede ser discriminatoria y menos dirigida hacia un grupo social determinado.

En otros países tambien se aplicaron restricciones para mayores de cierta edad, como en el caso de Argentina, concretamente en la ciudad de Buenos Aires se confinó a los mayores de 70 años de edad, obligándolos a obtener un permiso de circulación para realizar trámites urgentes, medida que fue dejada sin efecto por un Juzgado de dicha ciudad. Lo mismo sucedió en Francia, donde se pretendió confinar a los mayores de 65 años de edad, motivando un levantamiento de las personas de la tercera edad que se denominó “La revolución de las canas”, por lo que el Presidente Macron se abstuvo de  dictar disposición alguna de confinamiento de los mayores de 65 años y emitió solo una recomendación que “apelaba a la responsabilidad individual”; y, finalmente en Colombia, donde se aplicó restricciones más severas para los adultos mayores de 70 años de edad, medida dejada sin efecto por un Juzgado de la Ciudad de Bogotá.

Es asi que, el Gobierno peruano en lugar de cumplir con su deber de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, los viene trasgrediendo sistemáticamente, al seguir ampliando esta restricción contra el grupo social de mayores de 65 años, bajo un seudo texto proteccionista, pues  al referirse al respecto el economista francés Alain Minc se pronunció en el sentido que: “Los textos ambiguos para las libertades civiles ya han pasado, un confinamiento por grupos de edad seria la gota que colme el vaso”; y, esto es verdad, no podemos permitir que se nos sigan tratando como incapaces y continuemos confinados en una incierta “detención domiciliaria”, que cada día va mermando nuestra dignidad como persona humana, la libertad ambulatoria y el derecho al acceso económico.